Antecedentes
La preocupación del Estado Mexicano por la seguridad social y los derechos laborales, ha estado presente en las políticas y acciones gubernamentales desde 1917, cuando se consignaron estos derechos como normas supremas a nuestra Constitución Política.
En 1943 se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el objetivo de ofrecer servicios de salud y de seguridad social a los trabajadores de nuestro país. Al año siguiente este Instituto implementó el seguro de Invalidez, Vejez, Cesantía en Edad Avanzada y Muerte (IVCM), esquema que estaba diseñado para operar como un sistema de pensiones de beneficios definidos, invirtiéndose de acuerdo a la Ley las reservas que se generaban año con año, para que llegado el retiro de los trabajadores, se pudiera cumplir con el pago de sus pensiones.
El seguro de IVCM estaba basado en un esquema de reparto, por lo que las cuotas de los trabajadores y patrones debían servir para otorgar beneficios directos a los jubilados, a través de las pensiones. El excedente de los recursos se utilizó para beneficiar a la población asegurada; así como para subsidiar otros seguros, como el de enfermedades y maternidad, que presentaban un déficit en su operación.
El siguiente gran avance se dio en el año de 1992, cuando se puso en práctica el Sistema de Ahorro para el Retiro, como seguro complementario al de IVCM. Bajo este esquema el patrón aperturaba a cada trabajador una cuenta individual en una institución de crédito; el empleador depositaba el 2% del salario base de cotización del trabajador, y los recursos que se acumulaban se entregaban en una sola exhibición al trabajador al momento de su retiro. Con este esquema quedaron perfectamente definidos los derechos de propiedad de estos recursos.
Conforme avanzaba el antiguo sistema, varios problemas se hicieron evidentes, reflejándose claramente en un desequilibrio financiero para el Instituto, y en la inviabilidad de mantener este esquema en el mediano y largo plazo. Asimismo, era claro que el Instituto tenía mermada su capacidad de inversión para seguir ampliando su infraestructura, cobertura y servicios, así como dificultades cada vez mayores para operar eficazmente algunos de sus ramos de seguro. Es por ello, que se decidió emprender un proceso profundo de revisión del IMSS. De este análisis surgió un debate muy amplio, con las más diversas opiniones de los sectores obrero, gubernamental y patronal, que constituyeron una alianza para el fortalecimiento y modernización del IMSS, elaborándose un diagnóstico sereno y objetivo promovido por el propio Instituto.
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